Si bien el modelo de reconstrucción de Armenia a través del Forec no pudo ser mejor para garantizar la transparencia en el manejo de los dineros que el gobierno presupuestó para ese proceso, tampoco pudo ser mayor la irresponsabilidad de algunos.
En Colombia se puso de moda desde hace mucho tiempo el aprovechamiento del “cuarto de hora”. Los pícaros de oficio lo dicen sin tartamudear y sin el más mínimo de vergüenza: “Hay que aprovechar el cuarto de hora” que traducido al lenguaje de la corrupción, no es otra cosa que robar, timar, engañar, aprovecharse de las circunstancias para beneficiar el bolsillo sin ninguna consideración ni respeto y mucho menos si se trata de los dineros públicos. Algunos constructores inescrupulosos, validos de la confianza que depositó en ellos el Forec en representación del gobierno, adelantaron programas de vivienda popular pero incumplieron en cuanto a las obras de urbanismo. Las técnicas dedicadas a la planificación para el desarrollo de los barrios proyectados, no se pusieron en práctica. Se aprovecharon de las necesidades de la gente y del gobierno y sin terminar las obras se echaron la plata al bolsillo. No les interesó si no eso, pero no urbanizaron adecuadamente los terrenos destinados a la construcción de los barrios y se fueron sin haber cumplido. Sin entregar pavimentos, andenes, sin iluminación pública y en muchos casos, sin terminar lo indispensable en una vivienda o en un sector cualquiera determinado para la construcción de un conjunto de habitaciones —el acueducto y alcantarillado—. En Armenia según las autoridades de Planeación hay más de 11 mil viviendas construidas en barrios que no han sido entregados aún y eso es lo que pone en evidencia el que sí hubo gente, algunas ONG, que actuaron y obraron en el proceso acelerado de la reconstrucción sin tener en cuenta las responsabilidades que tenían. Casos y no pocos, en los que ni siquiera escrituraron. Los irresponsables hicieron cuanto les vino en gana y ese es hoy día, uno de los problemas que afronta la administración municipal. Cualquier decisión del gobierno municipal sin estudio previo y muy cuidadoso de la situación, resultaría irrito, por imperativo de la ley podría resultar cuando menos nulo y por lo tanto complicado para la administración de Armenia. Por si fuera poco, no tiene recursos para resolver el sinnúmero de problemas que todavía existen a doce días de los diez años de haber ocurrido el terremoto. Dentro de la alternativas pensadas está la de poner a pagar a la gente, es decir, que los costos de las obras que faltan se distribuyan entre los habitantes de los conjuntos residenciales o barrios afectados. Hay sectores populares que fueron entregados al municipio, en los que cumplieron cabalmente los contratistas o constructores y en esos casos, el gobierno puede destinar partidas para el mantenimiento de las obras públicas. Se obliga inclusive a la adecuación de las vías y en general de su infraestructura a partir del momento en el que por deterioro de la misma, sea indispensable recuperarla. El enredo está en esos sectores que ni fueron terminados y mucho menos entregados al municipio. En lo administrativo no funcionó la Planeación municipal; esa dependencia, responsable del urbanismo y del desarrollo resultó inoperante, se quedó corta, no fue capaz de cumplir tampoco con sus obligaciones y como nada alcanza a ser tan perfecto en la vida, el Forec no pudo con el asunto y permitió que el modelo, en esa materia, perdiera puntos e hiciera disminuir sus bondades. Lo cierto del caso es que hay secuelas de la irresponsabilidad y ni pocas. Los beneficiarios de vivienda que las abandonaron; los que las saquearon y se fueron. Los que se aprovecharon de las circunstancias, los que pescaron en río revuelto y terminaron haciendo negocio. Esos, cuando menos, son efectos de la irresponsabilidad.
